El uso y consumo masivo e indiscriminado de los recursos naturales, la
degradación de los bienes ambientales, y los perjuicios que la contaminación causa a las
personas y agentes económicos, plantean cruciales problemas a la sociedad del siglo XX.
Parafraseando a Coase, Premio Nóbel de Economía, la falta de un sistema de derechos de
propiedad y su cumplimiento sobre algunos bienes ambientales conlleva una utilización no
óptima de los mismos
bien, no otorga un derecho absoluto a disponer el mismo, sino a ciertos usos, ya que se trata
de un derecho limitado socialmente, tal como lo dispone el artículo 33.2 de nuestra Carta
Magna2.
El debido respeto al medio ambiente se incardina dentro de los límites del derecho
de propiedad, derecho subjetivo limitado, siendo uno de sus límites, precisamente, la
defensa, protección y conservación del medio ambiente. Actuando de otro modo, conforme
indica el mentado artículo de la Constitución española, se deslegitimaría su titularidad. Al
reconocerse la tutela del medio ambiente, como límite intrínseco del derecho de propiedad,
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